Debido al aumento de la movilidad personal y profesional, en la actualidad también es frecuente divorciarse desde el extranjero.
Los casos en los que familias españolas que residen fuera empiezan a tramitar una separación no son una anomalía. Por este motivo los tribunales y las autoridades judiciales españolas están prevenidas ante estas situaciones.
El principal escollo en este caso es determinar qué país es competente a la hora de tramitar la separación. Según la ley que se aplique, los efectos del divorcio pueden ser muy diferentes.
Lo ideal sería buscar que este fuera resuelto en España para asegurar un desenlace similar al que habría acontecido de no haberse producido la movilidad al extranjero. Sin embargo, como veremos a continuación esto no siempre es la norma.
Para conocer el órgano competente en este caso, tenemos que revisar el art 3.1 del Reglamento de la Unión Europea 2201/2003. Este apartado hace referencia a la competencia general en asuntos de divorcio de un estado u otro. Los criterios para discernir quién se hace cargo de estos procedimientos administrativos tienen en cuenta algunos factores: el territorio en dónde viva habitualmente la pareja, dónde solía vivir antes de separarse u otras cuestiones.
En esas otras cuestiones entran valoraciones a nivel individual, es decir, sobre el lugar en el que reside uno de los miembros de la pareja, si esta persona se ha mudado recientemente a otro país, si uno de los miembros de la pareja recibió la demanda de separación viviendo en el extranjero, etc. Todos ellos son factores a tener en cuenta.
A la hora de establecer la competencia en este asunto, es importante matizar que al igual que en otras cuestiones judiciales, las normas internacionales acatadas por España deben prevalecer sobre las internas.
También se debe recordar que en España no es necesario que ninguno de los miembros de la pareja resida en el país. Al tener ambos la nacionalidad española, pueden pedir que, en caso de que fuera necesario un juicio, se llevara a cabo en España y utilizando la normativa local.
Al contrario de lo que podría parecer, los jueces en España a veces solo se declaran competentes en un divorcio cuando uno de los miembros de la pareja reside en España. De manera prescriptiva no debería ser así cuando se trata de un divorcio internacional en España.
Es importante matizar, por si no ha quedado claro, que las personas pueden divorciarse desde el extranjero siempre y cuando la separación sea de mutuo acuerdo. En caso de ser así, hay factores como las cuestiones de manutención, gastos para hijos y demás que pueden requerir un esfuerzo extra del que sería necesario si el divorcio hubiera acontecido en España.
Vamos a ver cómo sería el proceso, paso a paso. Primero debería presentarse la demanda pertinente junto con el convenio. El juzgado admitiría esta y convocaría a los cónyuges para que certificaran este convenio por separado.
No es necesario que ambos cónyuges se personen físicamente en un juzgado para certificar su conformidad con el convenio de separación. Del mismo modo que las personas pueden casarse desde el extranjero con la ayuda de un procurador también puede divorciarse.
Para llegar a esta situación debe de llegarse a un acuerdo mínimo de mutuo acuerdo que da lugar al convenio que mencionábamos antes. Una vez que este documento esté listo, se remitirá al cónyuge que esté en el extranjero en ese momento. Esta persona tendrá que estar en presencia de un notario local o en el consulado español que le corresponda para seguir con los siguientes pasos.
Las siguientes acciones consisten en firmar dicho acuerdo, manifestar ante el notario o miembro del consulado que acepta la tramitación de la separación en las líneas expresadas por el convenio. Este convenio firmado se incorporará al acta de potestad que el procurador en España presentará.
Por último, el interesado debe enviar tanto el acta de potestad como el convenio. Al estar en el extranjero, es posible que al menos uno de los documentos esté redactado en una lengua extranjera. Para solucionar esto, se recomienda que la persona contrate a un traductor jurado. Realizar todos los trámites en un consulado español es más barato porque ahorra este paso que sí es necesario cuando se declara ante un notario extranjero.
En el momento en el que la demanda de divorcio se presenta, el juzgado en España empezará a tramitar el divorcio de la misma manera que si ambos cónyuges vivieran en España. En el momento en el que sea necesario que el cónyuge que vive en el extranjero intervenga o apruebe alguna parte del documento, lo hará utilizando al procurador que ha contratado. De igual modo, podrá utilizar esta figura para ratificar acuerdos futuros fruto de las sugerencias que quiera hacer al convenio.
La manera más sencilla de que este proceso se lleve a cabo según la legislación española es que al menos uno de los miembros de la pareja esté residiendo en España en el momento del divorcio. No debería de ser necesario, ya que si ambos miembros de la pareja tienen nacionalidad española, un juzgado podría declararse competente. Sin embargo, esto no ocurre tan a menudo como debería.
Si una persona está en el extranjero y por algún motivo no quiere o puede personarse en España para realizar la parte de los trámites que le corresponde, hay alternativas. Estas pasan inevitablemente por contratar un procurador, del mismo modo que muchos otros trámites.
A partir de aquí, si no hay grandes desavenencias, el proceso podría continuar adelante de la manera habitual en el Estado. Mientras el divorcio sea de mutuo acuerdo y los cónyuges estén conformes con el convenio, divorciarse desde el extranjero puede ser relativamente simple.